La “Ley antidescargas” -según la Fiscalía Nacional- ha equiparado los derechos de autor con otro tipo de derechos fundamentales, tales como el orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia. Una equiparación que ha sido cuestionada por el órgano asesor del fiscal general del Estado, en un informe al que ha tenido acceso la agencia de noticias EFE.

En dicho informe, además, se menciona que para llevar a cabo las acciones legales pertinentes para el cierre de una página web de enlaces, la Comisión de Propiedad Intelectual deberá obtener datos en los que se exige autorización judicial previa; una situación que vulnera, por tanto, el derecho a la intimidad y el secreto a las comunicaciones.

Es decir, que la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible debe ser modificada si no quieren incurrir en una vulneración sistemática de los derechos fundamentales; unos derechos que deben ir por encima de los de autor, le guste o no a las entidades de gestión de derechos de autor -valga la redundancia-.

Fuente informe | EFE

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Son muchas las lecturas que se pueden extraer de esta noticia. Pero en Ahure queremos centrarnos en las dos fundamentales, a nuestro entender:

a) La propia fiscalía critica duramente la “ley antidescargas”, la a que consideran la única forma de salvaguardar los intereses de los autores.

b) Por otra, que los derechos fundamentales están siendo “mercantilizados” en pro de ciertas entidades privadas.

En conclusión, que el intervencionismo adoptado por el Gobierno en materia de derechos de autor no es lo que la industria necesita, aunque ésta así lo crea. Necesita proyectos tipo streaming, por ejemplo, pero que no presenten vulnerabilidades en concepto de beneficios para los autores, y que garanticen el acceso gratuito a la cultura multimedia.

Parece imposible, pero Ahure puede hacerlo realidad -si nos dejan, claro-.

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